- Abril 04: Pedido de informe para conocer si el Sr. Sánchez Herrera era apoderado de la Provincia ante la Suprema Corte, sabiendo que en el 2003 se conoció que el abogado había defendido al general Sasiaiñ en una causa por apropiación sistemática de hijos de desaparecidos en la última dictadura. Lo que le costó el pedido de renuncia por parte del entonces presidente Kirchner, a su cargo de Procurador del Tesoro Nacional, en el que estuvo 15 días para continuar siendo representante de Santa Cruz.
- Abril 29: Respuesta de la Fiscalía de Estado negando esta representación remitida a la Comisión de Asunto Constitucionales de la Legislatura santacruceña.
- Junio 22: Nota periodística de Leonardo Nicosia del Diario Perfil, confirmando la vinculación.
- Jueves 26: Se solicita en la sesión de la Legislatura provincial, una Cuestión de privilegio atendiendo a la mentira dicha por el gobierno a través del Fiscal de Estado, negada por los diputados del oficialismo.
- Junio 30: Pronunciamiento de organizaciones nacionales de Derechos Humanos pidiendo la desvinculación del Abogado.
- Julio 02: Desvinculación del abogado Sánchez Herrera, su socia y su estudio jurídico.
Sánchez Herrera fue desvinculado, pero hay varias preguntas latentes:
- ¿Cómo es posible que en cuestiones tan entrañables, que a esta altura de la historia trascienden la dimensión de los partidos políticos, se puedan esperar tres meses para decisiones que tendrían que haber sido tomadas hace años?
- ¿Cómo es posible que si los temas se “descubren” en Santa Cruz no existen, pero si los “redescubre” un medio nacional logran llamar la atención?
- Cómo es posible que consintamos una democracia que no sólo no escucha a las minorías más mínimas sino que hasta se permite faltar a la verdad.
En cuestiones donde el Estado debe involucrarse, y mantener coherencia en la política de Derechos Humanos no se puede depender de la participación de organismos de derechos humanos para que se concrete una pronta intervención.
Nos alegra la decisión del Gobernador Peralta, pero nos apena el tiempo perdido, la mentira; nos apena el funcionamiento encubridor que todavía habita en las instituciones de la democracia.
Éstos no son triunfos partidarios, son ni más ni menos que gestos de justicia histórica y de madurez democrática.
Desde la Cámara, se eligió no solicitar la renuncia del Fiscal de Estado: es el Gobierno quien tiene que hacerse cargo y dar cuenta de estas situaciones.
Celebramos la desvinculación de este personaje de la defensa de los intereses de quienes habitamos Santa cruz, celebraremos que nos digan la verdad.
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